Las actuales tasas de desempleo y el creciente nivel de precariedad que se extiende entre un número cada vez mayor de la fuerza de trabajo son los principales problemas de nuestro tiempo. Las soluciones a los mismos ya no pueden realizarse mediante reformas parciales de la normativa laboral y desde luego no pasan por medidas restrictivas de los derechos laborales como las aplicadas hasta la actualidad. La respuesta adecuada a ambos problemas exige medidas de envergadura, que incidan tanto en el planteamiento del modelo productivo como en el sistema de relaciones laborales que tenemos y que sean capaces de ser un freno de emergencia frente a la situación límite que viven millones de personas desempleadas y precarias. Una medida capaz de dar respuesta a este amplio planteamiento es el Trabajo Garantizado. Se trata de una propuesta que coloca al Estado como motor de la creación de puestos de trabajo dignos y adecuados en distintos sectores productivos de especial utilidad social para las personas que no puedan encontrar empleo en el sector privado y o en el sector público. Esta oferta, que deberá realizarse en paralelo con un paulatino aumento y mejora de los puestos de trabajo en el sector público y con una elevación de los estándares laborales generales, conseguiría movilizar y emplear un conjunto de mano de obra hoy inactiva, que está preparada, capacitada y dispuesta a trabajar pero a la que ni el tejido empresarial ni el sector público ofrecen hoy alternativas. No hay empleo pero sí trabajo, se trata de reconocerlo y regularlo.